La nueva sociedad política entre peronistas y macristas en Yerba Buena se propone poner en funcionamiento el Concejo Deliberante y normalizar la relación con el Departamento Ejecutivo municipal, luego de un año signado por las tensiones y la parálisis. Al menos, es lo que planteó ayer el justicialista Héctor “Pilón” Aguirre. El edil está a cargo -interinamente- de la Intendencia desde el lunes por la licencia que tomó el intendente, Mariano Campero (Cambiemos). Por ese corrimiento institucional, hasta el 4 de febrero a cargo del cuerpo deliberativo estará el macrista Marcelo Rojas.

“Para mí es un orgullo ser intendente interino y me voy a desempeñar con mucha fuerza”, dijo Aguirre. Ese entusiasmo lo llevó a organizar el miércoles una reunión de gabinete para que los funcionarios de Campero lo pusieran al tanto de las actividades que están desarrollando.

“Todo se dio en un clima de normalidad, los vecinos nos vamos a tener que acostumbrar a que las cosas sean normales”, aseguró Aguirre, en una inevitable alusión al pasado reciente en la Ciudad Jardín.

Tensión y parálisis

A lo largo de 2017, el Concejo y el Ejecutivo local permanecieron enfrascados en una larga disputa, cuyos orígenes se remontan a octubre de 2016. El quiebre se produjo tras la partida del edil Lisandro Argiró (asumió como secretario de Gobierno municipal). Desde entonces, el grupo de ediles opositores se opuso a la cobertura de esa vacante, que correspondía a Rodolfo Aranda. La tensión alcanzó su pico máximo en diciembre pasado.

Aguirre fue elegido a fin de año en una sesión extraordinaria convocada el 21 por el intendente. A esa cita no asistieron Benjamín Zelaya (que era el presidente del Concejo), Maximiliano García y Lucas Cerúsico (UCR); y Pedro Albornoz Piossek (PRO). Después del cuarto llamado a sesión en una semana, los peronistas Aguirre y Walter Aráoz, y los macristas Rojas, Javier Jantus y José Macome interpretaron que el reglamento interno los avalaba a continuar en minoría, pese a la ausencia de sus pares. La primera medida fue la asunción de Aranda, para obtener una mayoría en el recinto y, luego, la renovación de la mesa de conducción. El cuarteto de disidentes desconoce estos cambios, porque asegura que esa sesión nunca alcanzó el quórum necesario. Con ese argumento, interpusieron un recurso de amparo ante la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La Justicia, no obstante, aún no se expidió.

Aguirre, tras esos vaivenes, cree que es momento de buscar un acuerdo político e institucional. Así, dijo, como presidente del Concejo su misión será dialogar con los nueve ediles. “Me sentaré con todos a conversar las veces que sea necesario”, aseguró. “Hay que mirar para adelante, quiero que el Concejo recupere la jerarquía”, agregó.

Según Aguirre, normalizar el Concejo es una deuda con los vecinos y reconoció que las peleas del año pasado le dieron “vergüenza ajena”. “La postura como concejal es que vamos a acompañar con ordenanzas a la gestión, pero también vamos a controlar mucho a dónde va el dinero de los contribuyentes”, agregó el peronista.

“Me comprometo a trabajar fuertemente con los concejales y a partir de marzo sesionar dos o tres veces por mes. Queremos dejar de darles malas noticias a los vecinos. Vamos a comenzar a dar buenas noticias”, sentenció Aguirre, quien reconoció como sus conductores políticos al gobernador, Juan Manzur; y al vicegobernador, Osvaldo Jaldo. De hecho, destacó la mediación del presidente de la Cámara a principios de mes, para retomar el diálogo con los opositores.

En carpeta

No es todavía oficial, pero Aguirre baraja la posibilidad de llamar a una sesión extraordinaria la próxima semana.

“Hay más de 200 carpetas de obras que están frenadas y que deben discutirse apenas comience el período ordinario”, justificó el edil peronista.

No obstante, si se convocara a una sesión sería para evaluar otros temas, aclaró Rojas. “Los primero será la aprobación del Pacto Fiscal, que es lo que permite al municipio pagar los sueldos de los empleados”, explicó.

También se podría aprobar la compra de insumos e indumentaria para los 60 oficiales de la Guardia Urbana. Otro tema, expuso, sería un llamado para sacar a remate los bienes del obrador que la Municipalidad no utiliza. “Hay que ver si logramos el quórum”, mencionó Rojas.